Por Ma. Concepción Montiel D.
Periódico El Correo, domingo, 22 de Agosto de 2010
EL HECHO:
El decano del Colegio de Abogados de la Capital del estado, José Ignacio Reyes Retana, exigió a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Raquel Barajas Monjarás, a que asuma su responsabilidad para "ejercer la justicia de una manera recta, limpia e inexorable, a fin de evitar que inocentes puedan ser condenados"…
EL COMENTARIO:
El tema de las mujeres que fueron condenadas a penas de prisión exorbitantes en nuestra entidad, tras haber sido juzgadas por la figura penal de homicidio en razón de parentesco, fue objeto de denuncias públicas que tuvieron su inicio en el Centro "Las Libres" que dirige con una convicción firme Verónica Cruz Sánchez en la capital del estado y culminaron con una severa intervención de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.
Las recomendaciones hechas por el organismo internacional no se agotan en este punto, que aunque vital para las mujeres en el presente y en el futuro, es sólo una de las formas en que las guanajuatenses son víctimas de la violencia de género en sus múltiples variantes y ante cuya realidad el gobierno del estado se ha mostrado insensible y omiso.
Tan ha sido así, que nuestra entidad es la única, en todo el País, que no ha procedido a armonizar su normatividad vigente, con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, legislándose en contrapartida una iniciativa del gobernador bajo la denominación de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, con la que se pretende suplir la regulación específica en materia de género.
En su momento, los legisladores de Guanajuato afirmaron que con esa ley iniciada por el Ejecutivo se garantizaba derechos de todos los ciudadanos y no había motivo para particularizar.
Con una norma tan general es obvio que finalmente no sólo continuará la violencia contra las mujeres, sino que alcanzará desproporciones como las vividas por las encarceladas.
Tras su investigación, la representante de la ONU para los Derechos Humanos Liliana Valiña emitió recomendaciones para la Implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pidiendo al gobierno que promueva una política de Estado con perspectiva de derechos humanos y de género, además de revisar la ley para prevenir la violencia contra las féminas. Es tal nuestro atraso en la materia.
Ante este señalamiento que tuvo repercusiones mundiales, al gobernador Oliva no le quedó más remedio que apresurarse para entregar al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal en la cual se promueven atenuantes al homicidio en razón de parentesco, con penas de 3 a 8 años de prisión. Esto será aprobado con diligencia en el actual periodo ordinario de sesiones, es decir la semana próxima.
Pero no bastará. Las recomendaciones cubren el amplio espectro de derechos de las mujeres que sólo estará protegido debidamente cuando se logre la armonización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con el paliativo de las reformas promovidas ipso facto por el gobernador, sólo se atiende una de las 9 NUEVE recomendaciones, quedan muchas asignaturas pendientes a las que se deberá dar cabal cumplimiento. A ver si ahora sí hay voluntad política. Hay dudas y suspicacia.
Fuente: http://correo-gto.com.mx/notas.asp?id=179134
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